Gestión de Activos | Clientes privados

Cartera de inversiones | Estructuración de inversiones familiares | Planificación de la sucesión | Visados y permisos de residencia | Residentes no habituales

Asesoramos a los clientes desde una doble perspectiva jurídica y fiscal, para la estructuración y gestión de carteras de inversión en diferentes sectores, concretamente en el soporte de transacciones inmobiliarias, en el mercado financiero, en la contratación, entre otros, de productos financieros complejos, tales como como seguros unit linked, pagarés, ETF y derivados.

En cuanto al patrimonio familiar, resultado de las inversiones realizadas a lo largo de los años, urge reevaluar la estructura existente, con miras a incrementar su organización, maximizar su eficiencia e incluso la pertinencia de realizar los planes de sucesión en vida.

Otro aspecto de la monetización de activos proviene de la obtención de permisos de residencia a través de la Golden Visa, que permite a los solicitantes una amplia variedad de opciones de inversión, y que pueden convertirse en un permiso de residencia permanente en Portugal o en ciudadanía portuguesa después de 5 años, siempre que se cumplan los requisitos respectivos. se cumplan.

Identificamos la visa más adecuada para cada caso específico, hacemos seguimiento de la respectiva solicitud y sus posteriores fases, particularmente para permisos de residencia y solicitudes de nacionalidad.

Para realizar una buena gestión de activos es necesario comprender:

• el marco legal relacionado con herencias
• tener conocimiento de la tributación a nivel del SII relacionada con valores e inversiones inmobiliarias conocer las diferentes alternativas de inversión, riesgos y retornos.
• aprender a organizar la información de forma sistemática basándose en principios contables.
• desarrollar la capacidad de analizar la situación financiera e informar.

Agroalimentario

El sector agroalimentario incluye todas las actividades relacionadas con la transformación de materias primas en alimentos y bebidas como la agricultura, la silvicultura, la industria de alimentos y bebidas y, finalmente, su distribución.

Sobre todo, en la última década, ha permitido a este sector adaptar los productos a los diversos gustos de unos consumidores cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, procesarlos de forma más saludable, presentando así características más innovadoras y competitivas para los mercados. .

En Portugal, la industria agroalimentaria representa un importante motor para la economía del país, no sólo porque contribuye al aumento de las exportaciones y del empleo directo e indirecto, sino también porque crea productos genuinos, frescos y 100% nacionales, características que son muy apreciado por los consumidores, lo que aumenta el grado de confianza en los productos.

Se necesitan soluciones jurídicas multidisciplinares, en áreas tan variadas como Derecho Público y Regulatorio, Derecho Inmobiliario, Derecho Corporativo, Derecho Tributario, Urbanismo, Derecho Laboral y Financiero.

Disparidad salarial | Brecha salarial

El acceso al trabajo remunerado es crucial no sólo para la sociedad y las familias en su conjunto, sino también para la autonomía y el bienestar profesional y personal de mujeres y hombres.

La brecha salarial entre mujeres y hombres acumulada a lo largo de la vida da como resultado una disparidad aún mayor en las pensiones, estando las mujeres de mayor edad más expuestas al riesgo de pobreza que los hombres.



La eliminación de la brecha salarial de género ha sido una prioridad política en Portugal, habiéndose publicado la Ley n.º 60/2018, de 21 de agosto, que aprobó medidas para promover la igualdad salarial entre mujeres y hombres por un trabajo igual o de igual valor en Portugal. y presentó:

• Una política de remuneración transparente basada en la evaluación de los componentes del puesto según criterios objetivos comunes a mujeres y hombres;

• Mayor rigor en la recogida y difusión de información, con la publicación por parte del GEP-MTSSS del Barómetro de Igualdad Salarial.

La Autoridad de Condiciones de Trabajo interviene al comprobar la existencia de asimetrías, ordenando a las empresas que presenten un plan de evaluación de dichas diferencias salariales.

Asimismo, cualquier trabajador podrá solicitar a la Comisión para la Igualdad en el Trabajo y el Empleo que emita un dictamen vinculante sobre la existencia de discriminación salarial por razón de sexo, presumiéndose discriminatorias las diferencias indebidamente justificadas.

La infracción de este marco regulatorio conduce a la práctica de infracciones administrativas y al pago de multas, a veces cuantiosas, con la posible aplicación de sanciones adicionales como la privación del derecho a participar en subastas, licitaciones públicas y daños inevitables a la reputación de las empresas que incumplan. por lo que se convierte en una consultoría jurídica permanente con equipos multidisciplinarios, especializados en las áreas laboral, tributaria, gobierno corporativo y derecho regulatorio, poseyendo toda la capacidad analítica y resolutiva para las múltiples dificultades del gobierno corporativo.

Nuestras acciones aseguran:

Evaluación de riesgos. Lenguaje inclusivo. Elaboración y revisión de políticas retributivas, Asesoramiento en asambleas generales y reuniones del órgano de administración para discutir cuestiones retributivas. Elaboración y revisión de planes de remuneración a corto, medio y largo plazo para administradores y trabajadores. Elaboración y revisión de Contratos de trabajo Redacción y aplicación de cláusulas malus y claw back.

Denunciar irregularidades

El 20 de diciembre se publicó la Ley 93/2021, por la que se establece el régimen general de protección de los denunciantes de infracciones (RGPDI), por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre. de octubre de 2019, sobre la protección de las personas que denuncian violaciones del derecho de la Unión, creando la obligación de implementar canales y procedimientos de denuncia internos para garantizar el cumplimiento de los principios que subyacen a este nuevo marco legal, con obligaciones impuestas a la denuncia de irregularidades transversales a todos los sectores económicos.

A estos efectos, podrán considerarse denunciantes:

• Trabajadores del sector privado, social o público;
• Prestadores de servicios, contratistas, subcontratistas y proveedores, así como cualesquiera personas que actúen bajo su supervisión y dirección;
• Titulares de acciones sociales y personas pertenecientes a órganos de administración o gestión o a órganos fiscales o de control de personas jurídicas, incluidos los miembros no ejecutivos;
• Voluntarios y becarios, remunerados o no.

El régimen de protección de los denunciantes se refiere a las denuncias de las siguientes infracciones:

1. Contratación pública;
2. Servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo;
3. Seguridad y cumplimiento de los productos;
4. Seguridad del transporte;
5. Protección del medio ambiente;
6. Protección radiológica y seguridad nuclear;
7. Seguridad de los alimentos y piensos, salud y bienestar de los animales;
8. Salud pública;
9. Consumidor protección;
10. Protección de la intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes y sistemas de información;
11. El acto u omisión contrario y perjudicial para los intereses financieros de la Unión Europea a que se refiere el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), tal como se especifica en las medidas aplicables de la Unión Europea o en las normas del mercado interior a que se refiere el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las normas sobre competencia y ayudas estatales, así como las normas sobre fiscalidad de las sociedades, o incluso si contradice el objetivo de las mencionadas reglas o normas;
12. Delincuencia violenta, especialmente violenta y altamente organizada, así como los delitos previstos en el artículo nº 1 de la Ley 5/2002, de 11 de enero, por la que se establecen medidas de lucha contra la delincuencia organizada y económico-financiera.

La denuncia o divulgación pública podrá tener por objeto infracciones que se hayan cometido, se estén cometiendo o cuya ocurrencia pueda predecirse razonablemente, así como los intentos de ocultar dichas infracciones.

La denuncia o divulgación pública de una infracción, realizada de conformidad con los requisitos impuestos por la Ley 93/2021, de 20 de diciembre, no constituye, por sí sola, base de responsabilidad disciplinaria, civil, administrativa o penal del denunciante;

Los requisitos de este nuevo marco legal varían en función del tamaño de las empresas y la naturaleza de los riesgos a los que están sometidas, por lo que prestamos asesoramiento jurídico a todos los sectores económicos para responder eficazmente a las demandas específicas de cada uno de nuestros Clientes, a saber:

• En el establecimiento de un sistema y políticas internas para la denuncia de irregularidades
• En la gestión y seguimiento de denuncias e investigaciones
• En la adaptación de las políticas internas, especialmente de gestión de riesgos y cumplimiento
• En la formación de los trabajadores y en la elaboración de manuales de buenas prácticas.

Inmigración | Trabajo Temporal | Trabajo remoto

Cuando un empleado trabaja de forma remota, esto significa que puede realizar su trabajo desde cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, y su empleador no necesariamente tiene que saber o aprobar dónde se encuentra.

El trabajo a distancia normalmente presupone que el trabajador trabaja donde quiera, o siempre en espacios diferentes, sin que nadie tenga que conocer sus relaciones laborales.

El gran atractivo de Portugal ha provocado un importante aumento de las solicitudes de movilidad hacia nuestro país, lo que determina la necesidad de apoyo jurídico en materia de Inmigración, Reubicación y Trabajo a Distancia, asesorando a las empresas que deseen garantizar la movilidad de los trabajadores a Portugal. o clientes individuales, donde supervisamos el proceso de entrada y establecimiento en Portugal, es decir, en la obtención de visas y/o permisos de residencia, todo su marco fiscal y de Seguridad Social para empresas y trabajadores expatriados, en la reagrupación familiar, en la adquisición de la nacionalidad, así como así como en la constitución/traslado internacional de sede social.

Tecnología Financiera

Asesoramos a clientes en diferentes sectores de la actividad económica y social y contamos con el conocimiento y la experiencia necesarios para apoyar las actividades de los actores más importantes, incluidos bancos, compañías de seguros, compañías tecnológicas, startups, fondos de inversión y empresas de capital riesgo, con la tecnología blockchain de por medio. ., ethereum, bitcoin y otras criptomonedas, contratos inteligentes, ofertas iniciales de monedas (ICO), crowdfunding, nuevos sistemas de pago, comercio electrónico, robótica y automatización.

Operamos en las siguientes ramas del derecho:

• Derecho Bancario y Financiero,
• Mercado de Capitales,
• Regulación de Criptoactivos,
• Servicios de Pago,
• KYC y AML,
• ESG,
• Crowdfunding,
• Ley de Protección de Datos,
• Ley de Propiedad Intelectual,
• Ciberseguridad TMT